El Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba se pronuncia en relación al Proyecto de la Nueva Ley de Alquileres que anunció el Presidente de la Nación Mauricio Macri en los últimos días y que, tras media sanción en el Senado, se está tratando esta semana en el Congreso de la Nación.
En este sentido, queremos manifestar que desde el año 2012 en adelante, se han presentado propuestas de reformas legislativas sobre el contrato de locación de vivienda, y las iniciativas sólo tienden a canalizar ideas de índole meramente oportunistas, que capten apoyo político, pero no tienden a analizar la problemática real y concreta del sector social que alquila viviendas.
Lamentablemente, los especialistas en la materia suelen ser “dejados de lado” por los políticos de turno y, por lo tanto, se generan textos normativos que suelen generar mayores problemas que los que se anuncia para su solución.
Es por ello que desde el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba exhortamos a los legisladores y autoridades nacionales a que, de una vez por todas, ejerzan con responsabilidad el rol para el que han sido elegidos y dejen de hacer “política” con el derecho de los ciudadanos.
En la Provincia de Córdoba rige la legislación local en materia de corretaje y el pago de este servicio profesional, como materia reservada a las Provincias. Como tal, el Congreso de la Nación no tiene facultades para disponer sobre competencias propias de los Estados Provinciales.
Por otro lado, resulta absurdo que el Estado intervenga en el ámbito de libre negociación, propio de los particulares, en tanto está demostrado que cada vez que el Estado anuncia una medida de este tipo, produce un resultado opuesto, perjudicando a quiénes dice proteger.
Asimismo, desde agosto de 2015 rige el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que derogó la Ley de Locaciones Urbanas y reformuló la reglamentación del contrato de locación. Dicha labor fue fruto de un trabajo serio y de varios años de análisis y debate. Sin embargo, parece que circunstancias políticas ocasionales justifican ahora modificar eso y pretender cambiar nuevamente las reglas.
Hoy, la construcción tiene un costo elevado y la relación entre la renta que puede producir un inmueble y la inversión realizada, y su mantenimiento, a lo que se adiciona las altas tasas impositivas, no promueven la oferta de viviendas. Si a esto se suma que el proyecto tiende a cargar más sobre el propietario los costos de la puesta en locación de su inmueble, ello generará una mayor disminución de la oferta de viviendas, como así también es probable que incremente el precio de las locaciones, con lo que no habrá beneficios para ninguna parte del contrato. Además, se perjudicará a los profesionales del sector inmobiliario y, probablemente, acrecentará el ejercicio ilegal de la profesión.
Es por ello, que solicitamos un análisis serio de la realidad y no avanzar sobre competencias propias de los Estados Provinciales, considerando que desde Buenos Aires no se observa con claridad, la realidad de cada zona en este país que se dice Federal. Por esto mismo, sostenemos como imperativo que, para el tratamiento de la futura ley, se contemplen y consideren las visiones y opiniones de los diferentes actores que forman parte de uno de los sectores económicos más dinámicos del país.
Puntos conflictivos del Proyecto de la Nueva Ley de Inquilinos
- La obligación de aceptar como garantía un solo recibo de sueldo y que el propietario no tenga margen de rechazo: puede generar que los propietarios, al considerar que no tienen respaldo, retiren sus propiedades del mercado. Esto generará aumento de los valores locativos por traslado de precios y aumento del valor locativo por el retiro de propiedades en alquiler.
- Eliminación de los honorarios inmobiliarios para los inquilinos: no asegura que los propietarios se hagan cargo efectivamente del pago de dichos honorarios. Sino que lo que probablemente suceda es que los mismos se trasladen a los valores de los alquileres, generando un aumento en los mismos y haciendo que aquel honorario igualmente lo termine costeando el inquilino indirectamente.
- Los profesionales dedicados al Corretaje Público Inmobiliario pasan de ser corredores a mandatarios. El cobro de los honorarios pasa a ser sobre un valor incierto. Dado que al variar por un índice semestral entre sueldos e inflación no hay forma de establecer un porcentaje sobre el total del contrato.
- No se soluciona el problema del déficit habitacional, sino que incluso la problemática se puede agudizar ya que se perderá al inversor por alquileres, al que se le suman gastos y problemas a una inversión que ya hoy no es rentable.
- Aceptación de seguros de caución como garantía: se oculta un gran negocio detrás de esta opción que se plantea como forma facilitadora de presentación de garantías.